- La Mtra. Magali Anabel Arellano Córdova, Presidenta de la ATERM, signó el convenio de colaboración.
La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM) signó un convenio de colaboración con Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C (AMCEE) y la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos (AMMEL) para sumarse a la Declaratoria común para la instalación de las “Mesas Naranjas”, un modelo de actuación interinstitucional enfocado en la prevención, atención, protección y seguimiento de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
En este evento, participaron la Mtra. Magali Anabel Arellano Córdova, Presidenta de la ATERM; el Mtro. Gilberto Bátiz García, Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF; la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, Presidenta de la AMCEE; la Mtra. Rebeca Barrera Amador, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Guadalajara; y el Dr. Vladimir Gómez Anduro, Presidente de la AMMEL.
En su intervención, la Mtra. Magali Anabel Arellano, también Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, destacó que la Mesa Naranja es una herramienta operativa, que exige hacer efectiva la igualdad en el ejercicio del poder político, toda vez que no es un evento, no es una fotografía, no es un pronunciamiento; es un modelo de actuación interinstitucional que busca articular prevención, atención, protección y seguimiento bajo principios claros.
Indicó que la justicia electoral no puede limitarse a resolver impugnaciones, debe prevenir violencias, toda vez que estamos próximos a un proceso electoral muy importantes en diversos estados de la República y este es el momento justo en el que se debe prevenir la violencia política en razón de género.
Por lo anterior, apuntó que es necesario generar condiciones estructurales para que las mujeres puedan ejercer el cargo sin amenazas, sin campañas de desprestigio, sin violencia digital y sin agresiones físicas. “La democracia paritaria, consagrada en el artículo 41 constitucional, no se agota en la integración numérica de órganos de gobierno. Por tanto, la paridad exige condiciones reales para ejercer el poder”, reiteró.
La Presidenta de la ATERM afirmó que la Mesa Naranja envía un mensaje claro: la violencia política no es un asunto privado, es un problema público; y tendrá respuesta institucional, por lo que se debe asumir asumir con responsabilidad, considerando que ningún modelo funciona sin recursos, sin voluntad política y sin evaluación constante. Por ello, la Mesa Naranja incorpora diagnóstico municipal con indicadores de atención y respuesta, revisión periódica de protocolos, y participación vinculante de mujeres electas y sociedad civil.
“Este modelo reconoce que la debida diligencia reforzada no es opcional, es una obligación constitucional y convencional. La justicia electoral del siglo XXI exige actuar antes, durante y después de los procesos electorales. Exige anticiparse, coordinar y proteger”, subrayó.
La Mtra. Magali Anabel Arellano señaló que la violencia política contra las mujeres en razón de género no es un fenómeno aislado, es una manifestación estructural de desigualdad que busca excluir, intimidar, silenciar y deslegitimar a quienes ejercen o aspiran a ejercer el poder público.
Sin embargo, advirtió, persiste con mayor intensidad en el ámbito municipal, donde confluyen cercanía territorial, estructuras comunitarias, resistencias culturales y, en ocasiones, debilidad institucional. Es por ello que hoy se da un paso más, y la Mesa Naranja nos recuerda que la prevención requiere redes institucionales activas, no declaraciones aisladas.
“Hoy asumimos públicamente un compromiso, desde la ATERM nuestros asociados y asociadas estamos compretidos y competidas a incorporarnos en esta estructura organizativa y posteriomente en la instalación de la Mesa Naranja a nivel mucnipal. La ATERM, con presencia en las 32 entidades federativas, haremos una participación activa para la erradicación de esta discriminación estructural que obstaculiza la participación democrática”.
Porque la democracia no se defiende únicamente en las urnas, se defiende garantizando que quienes llegan a ellas puedan ejercer el poder sin violencia política, puntualizó.
Por su parte, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mtro. Gilberto Bátiz García, afirmó que cuando se habla de violencia política contra las mujeres, es hablar de proteger los derechos políticos electorales fundamentales, de garantizar condiciones de equidad real y de fortalecer el ejercicio de la actividad democrática.
