- Las contrataciones electorales están vinculadas a los hermanos Hernández Casillas desde hace 27 años, y se fortalecieron del 2014 al 2023 con el Consejo General del INE, presidido por Lorenzo Córdova
- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló el origen de las empresas, así como su operación
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que —de acuerdo con una investigación realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con fuentes abiertas— el grupo empresarial que componen los hermanos Hernández Casillas forma parte de una red de colusión de compras electorales que nació hace 27 años, se consolidó durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE) y está vinculada al partido político SOMOS; por ello, señaló que lo primordial es que se investigue y que se transparente la adquisición de paquetería electoral.
“¿De quién es el partido SOMOS? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo. ¿De dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023 con ese Consejo General del INE. Pero, además, el propio Lorenzo Córdova ya lo reconoció en tres entrevistas que ha dado en días recientes y entonces dice: ‘se contrataban con los organismos electorales estatales’. Pues sí, pero ¿quién da los lineamientos de contratación? ¿Por qué todos los contratos electorales acaban con las mismas personas desde 1989? Y se fortalecen en la época del Consejo General del INE presidido por Lorenzo Córdova.
“Y resulta que quien crea a los hermanos Hernández Casillas es miembro de su partido político acabado de crear. Bueno, por eso: ¿de dónde sale todo este cochinero, esta mafia electoral? No surgió con Taddei y nadie defiende si realizó un acto ilegal, tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE, pero no nació ahí, discúlpenme, tiene muchos años y se fortaleció justo en esa época. Pero lo más increíble es que el creador de estos personajes y de estas empresas es miembro de su partido político”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.
Informó que la próxima semana se presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos con la participación en el Consejo de Administración de más Secretarías, de instituciones académicas y, como observadora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que el material electoral se fabrique en esta empresa del Estado, mientras que otros elementos sean adquiridos con empresas mexicanas.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que la investigación descubrió que las contrataciones electorales están vinculadas a los hermanos Hernández Casillas desde hace 27 años; por ello, para entender lo que hoy sucede en el INE hay que remontarse a la década de los 80.
Detalló que, entre 1983 y 1988, los hermanos Hernández Casillas trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación, en cuyo periodo José Alfredo Hernández Casillas se desempeñaba como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, director general del RENAPO y vinculado al priismo mexiquense.
En 1987, Raymundo Hernández Casillas se desempeña en el área de Recursos Financieros y Materiales, mientras que en 1988 se constituye la empresa Cartonera Plástica. Asimismo, en 1989, Juan Carlos Padilla Aguilar asume la Secretaría General del CISEN e incorpora a José Alfredo como su secretario particular. Ese mismo año, Raymundo se incorpora al área de Investigaciones.
Buenrostro Sánchez recordó que bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, Fernando Gutiérrez Barrios ocupa la Secretaría de Gobernación y Jorge Carrillo Olea dirige el CISEN, mientras que la organización de las elecciones federales permanece bajo el control de la Secretaría de Gobernación.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno detalló que en 1992 se constituyó la empresa Formas Finas Fernando Fernández, vinculada a Raymundo Francisco Hernández Casillas. En 1999 la empresa Cartonera Plástica, vinculada a José Alfredo Hernández Casillas, participa como proveedor electoral en el Estado de México y en 2005 obtiene del Instituto Electoral del Estado de México un contrato de 63.7 millones de pesos (mdp) para suministrar material electoral, año en el que hubo denuncias de irregularidades y presuntos sobornos, lo que provoca la renuncia de siete consejeros electorales.
Entre 2012-2013, los hermanos Hernández Casillas diversifican empresas y contratos con órganos electorales locales en entidades como Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo. Mientras que en 2014, con la reforma electoral, la designación de consejeros de los órganos electorales pasa de los Congresos locales al Consejo General del INE que presidía Lorenzo Córdova, y del 2015 al 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) asignan contratos por 2 mil 94 mdp a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales.
En tanto que, en 2023, Guadalupe Taddei fue designada como consejera presidenta del INE, y entre 2024-2025, la misma red empresarial obtiene contratos por 646.3 mdp con 15 de los 32 OPLEs.
Buenrostro Sánchez resaltó que Juan Carlos Padilla Aguilar luego de trabajar en el CISEN ejerció varios puestos en el Estado de México y cuatro décadas después coincide en el partido SOMOS con exintegrantes del INE como Marco Antonio Baños, representante suplente de SOMOS ante el INE; Edmundo Jacobo Molina, que tuvo muchos años el control en materia electoral como secretario ejecutivo y que ahora es el titular del Centro de Formación y Profesionalización Política; y Lorenzo Córdova, quien es integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de dicho partido.
Raquel Buenrostro Sánchez explicó que el INE es un órgano autónomo que depende de su contralor interno y del Congreso; por ello, la ASF tiene que encargarse de identificar las irregularidades y proceder a las sanciones y faltas administrativas que correspondan, así como proceder a su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) o ante la UIF. Mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno estudia los mecanismos para prevenir que dichos esquemas no sucedan en la Administración Pública Federal.
