- Se capacita a personas defensoras públicas de los distritos judiciales.
El Poder Judicial del Estado, comprometido con la capacitación constante de las y los servidores, finalizó el curso de capacitación “La tutela de los derechos de los adolescentes en el marco del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, en donde participaron las y los defensores adscritos al Instituto de la Defensoría Pública del Estado.
Durante tres días, el defensor público adscrito a los Juzgados Civiles y Familiares de Tlalnepantla, Miguel Mauricio García Vélez, abundó sobre los tópicos primordiales de la labor de las personas defensoras públicas en la protección de los derechos de la adolescencia; además, respondió las inquietudes e incógnitas de las y los asistentes de manera presencial y virtual.
Para reforzar estos conocimientos adquiridos de manera teórica, durante la última sesión realizaron ejercicios prácticos donde simularon audiencias de juicios orales con la guía del ponente, esto con el objetivo de que tuvieran un panorama más claro de su actuación en la defensa de los derechos de las y los adolescentes.
Cerrando estas actividades, el director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, José Luis Baltazar Argüello, acompañado de la secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional del Órgano Implementador, Karla Quiñones Rodríguez, el titular del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, Juan Antonio Cadenas Fonseca, y la subdirectora de la Unidad Técnica en materia Civil y Familiar del Instituto de Defensoría Pública, Ana Isabel Zenteno Urbina, participaron en el acto protocolario de clausura, donde entregaron un reconocimiento al ponente Miguel Mauricio García Vélez por su valiosa participación en esta jornada educativa.
Con estas capacitaciones, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con la promoción, protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con el fortalecimiento de las capacidades del personal judicial para brindar una atención con perspectiva de infancia y adolescencia, basada en los principios de justicia, igualdad y respeto a los derechos humanos.
