- El encuentro no sólo convocó al análisis jurídico, sino a una reflexión ética sobre la justicia y su sentido en los pueblos
En el marco del Congreso Internacional “Lekil Kuxlejal: El Buen Vivir para la prosperidad compartida”, la conferencia “Pluralismo jurídico en el Constitucionalismo Mexicano” se convirtió en un espacio de debate profundo sobre el sentido de la justicia, el alcance de los derechos humanos y la transformación del derecho desde una perspectiva intercultural.
Desde la visión del Gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, y bajo la coordinación operativa de la Secretaría de Educación (SE), el Congreso posiciona el Lekil Kuxlejal como una plataforma para repensar el constitucionalismo mexicano desde una perspectiva intercultural y decolonial.
Más que un ejercicio académico, el encuentro representó una confrontación respetuosa de paradigmas: el monismo jurídico moderno frente al reconocimiento de sistemas normativos propios de los pueblos originarios; la universalidad abstracta frente a la diversidad cultural concreta; la ley escrita frente al derecho vivido en comunidad.
Desde el Auditorio “Manuel José de Rojas” de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), José Luis Baltazar Arguello, director del Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, inauguró el diálogo subrayando el horizonte ético del encuentro: “Veremos a nuestra comunidad de forma distinta, con mayor solidaridad y, sobre todo, con mayor conciencia. Eso es el Lekil Kuxlejal”.
Su intervención colocó en el centro la dimensión humana del derecho: la necesidad de que la justicia no se limite a procedimientos formales, sino que responda a la vida concreta de los pueblos.
Alejandro Rosillo Martínez, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, abrió el debate con una crítica estructural al paradigma dominante: “El monismo jurídico es la idea de que solo existe un derecho en un territorio; es un paradigma que hemos pretendido universal en la modernidad”.
Rosillo sostuvo que la crisis contemporánea del derecho tiene raíces profundas en la falta de reconocimiento de la diversidad cultural y normativa. Argumentó que los derechos humanos, concebidos desde una matriz occidental, requieren ser repensados desde las cosmovisiones indígenas.
“Necesitamos repensar los derechos humanos desde las visiones de los propios pueblos. De ahí la importancia del Buen Vivir y de los elementos que resignifican estos derechos”.
En su planteamiento, el pluralismo jurídico no es una concesión del Estado, sino una exigencia epistemológica: reconocer que existen otros sistemas normativos capaces de resolver conflictos que el derecho tradicional no ha logrado atender.
En respuesta a esta reflexión, Mariano López Pérez, director de Juzgados de Paz y Conciliación Indígena, llevó el debate al terreno institucional y práctico: “Debemos romper la idea de que solo el Estado tiene la facultad de crear normas. El derecho también vive en los usos, costumbres y en la cultura de los pueblos”.
Su intervención evidenció la tensión histórica entre el monismo jurídico y los sistemas normativos indígenas, señalando que la verdadera transformación exige descolonizar procedimientos y escuchar activamente a las comunidades: “Al adquirir conciencia, comprendemos la cosmovisión del Lekil Kuxlejal y su profunda interrelación entre el derecho y nuestra realidad cultural”.
Por su parte, Anita Pérez Cruz, jefa del Departamento de los Juzgados de Paz y Conciliación Indígena, introdujo una autocrítica al ámbito académico: “Durante mucho tiempo se legisló desde el escritorio, sin conocer la problemática real de las personas”.
Señaló la limitada producción académica comprometida con el pluralismo jurídico y subrayó que la investigación debe asumir responsabilidad frente al territorio y las comunidades: “El derecho indígena se caracteriza por su pluralidad, sencillez y pronta resolución. Desde ahí partimos”.
Su reflexión amplió el debate hacia la ética del conocimiento: no basta reconocer normativamente a los pueblos; es indispensable generar saberes situados que dialoguen con la vida comunitaria.
En este sentido, el pluralismo jurídico no se limita al reconocimiento formal de sistemas coexistentes; implica una transformación epistemológica del derecho mismo. Supone cuestionar la pretendida universalidad del modelo occidental y abrir el campo jurídico a un diálogo donde los saberes comunitarios tengan plena legitimidad teórica y práctica.
El debate dejó una conclusión compartida: la justicia no puede comprenderse al margen de la cultura, la espiritualidad y la relación con la madre naturaleza. En el horizonte del Buen Vivir, el derecho no es únicamente norma escrita, sino tejido social, memoria histórica y proyecto colectivo.
