Integrante del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, así como más de 30 organizaciones nacionales e internacionales, en un escrito exigen justicia por las víctimas del accidente carretero que sucedió el pasado 1 de octubre en Pijijiapan Chiapas, el cual dejó 10 muertos y 20 personas lesionadas entre ellas mujeres, niñas y niños y adolescentes, y que el estado debe realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas y responsabilidad del accidente y brindar atención a las víctimas y sus familiares.
“Mueren 10 personas y al menos 20 resultaron heridas como resultado del fuerte accidente carretero ocurrido sobre el tramo Pijijiapan-Tonalá, el pasado domingo 1 de octubre alrededor de las 5 de la mañana donde un camión tipo Torton que transportaban a decenas de personas en contexto de movilidad entre ellos mujeres, niñas y niños, se accidentaron a la altura del kilómetro 134 del crucero Santa Cruz”, señalan en el escrito.
Al respecto, desde el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y demás organizaciones reiteran que estos hechos no son aislados de fortuitos, sino que son consecuencias directas de la política violenta e inhumana que el estado mexicano ha implementado para restringir, contener y detener los flujos migratorios.
“Recordamos que hace menos de 2 años se registró otro accidente similar en Tuxtla Gutiérrez donde murieron 55 personas que bajaron en un camión de carga y 114 resultaron heridas, estos hechos evidencias la falta de voluntad política y la indolencia del Estado para garantizar los Derechos Humanos de las personas en contexto de movilidad, así como para prevenir y sancionar a los responsables de estos hechos, pedimos a las autoridades correspondientes investigar a fondo este reciente accidente”, cita el escrito.
Lo anterior, las organizaciones firmantes exigen se realice una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas del accidente, además se brinde atención médica adecuada e integrar a las personas lesionadas así como apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas y sus familias, “que se respete el derecho a la identidad y la dignidad de las personas fallecidas, y que se facilite su identificación y entrega a sus familiares, así como el traslado y sepultura de sus restos y que se repare el daño integralmente a las víctimas de sus familiares, incluyendo medida de restitución, satisfacción y garantías de no repetición”.
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