El organismo destacó que entre los afectados se cuentan individuos de la comunidad civil que aguardaban el transporte conocido como Chalán (panga) para atravesar la presa La Angostura, y que lamentablemente quedaron atrapados en el intercambio de disparos. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el domingo 31 de marzo se produjo una tragedia en la localidad Niños Héroes, del municipio La Concordia. Según relatos de los lugareños, alrededor de 25 personas perdieron la vida en medio de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado.

El organismo subrayó que entre las víctimas se encontraban ciudadanos que esperaban el transporte para cruzar la presa La Angostura, quedando expuestos al fuego cruzado. Según lo recopilado por el Centro de Derechos Humanos, alrededor de 40 personas, incluyendo mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, se congregaron entre las 10:00 y 12:00 horas en la orilla de la presa La Angostura, esperando el transporte hacia Ignacio Zaragoza, junto con sus vehículos.

Durante la espera, la Guardia Nacional llegó al lugar en persecución del grupo armado, lo que desencadenó un intenso enfrentamiento que puso en peligro la vida de la población civil, vulnerando su derecho a la vida e integridad física por el uso desproporcionado de la fuerza.

Según testimonios, aproximadamente 25 personas murieron en el fuego cruzado, incluyendo civiles, y numerosas resultaron heridas.

El Frayba hizo un llamado urgente al Estado mexicano para investigar esta masacre y determinar las responsabilidades de la Guardia Nacional en el uso excesivo de la fuerza, así como en los presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales.

El organismo expresó su preocupación por la difusión de videos por parte de las Fuerzas Federales, en los que se sugiere que las personas fallecidas recibieron disparos en la cabeza, lo que podría indicar ejecuciones extrajudiciales.

Desde el Frayba y otras voces de la sociedad civil, se ha enfatizado la necesidad de una intervención no militarizada frente al aumento de los grupos armados. Esto evidencia la incapacidad de dichas corporaciones para intervenir respetando plenamente a la población y garantizando su vida e integridad física y psicológica.

El colectivo hizo hincapié en la importancia de replantear la estrategia de seguridad en la región para salvaguardar la vida y los derechos humanos de la población, así como para brindar una atención integral a las víctimas de esta masacre.