Tuxtla Gutiérrez.- De acuerdo a especialistas, los pactos entre la cúpula política y organizaciones criminales, “permiten que la actividad criminal produzca considerables flujos de dinero en efectivo”, el cual es utilizado para pagar sobornos y comprar conciencias de funcionarios públicos de primer nivel.

Por ello, las decisiones u omisiones de las instituciones permiten el surgimiento y ascenso del crimen organizado. Está claro que pueden surgir redes ilegales en las estructuras del gobierno, como en el caso del Instituto Nacional de Migración (Inami) en Chiapas, donde muchos funcionarios están amasando una fortuna a costa de la migración.

En este caso surge un nuevo escándalo dentro del Inami, ya que en redes sociales exhiben a una alta funcionaria pública de esta dependencia federal, Dámaris Farela Pacheco, a quien sindican de estar involucrada en el Clan de corrupción en Chiapas del grupo del Güero del Pino; este es el sobrino de Raúl Aranda, quien presuntamente tiene fuertes arreglos de todo tipo, con las bandas criminales.

El romance que sostiene la directora del programa Héroes Paisanos, Dámaris Farela, hija de Arturo Farela, asesor y pastor del presidente Andrés Manuel López Obrador, en nada abonan a la credibilidad y mucho menos al trabajo del Inami en Chiapas, donde la reputación de Francisco Garduño Yañez y Héctor Martínez Castuera, están por los suelos.

La omisión y el libertinaje del titular del INM y sus achichincles, permite que el CJNG, haya tomado fuerza en el tráfico de humanos en la frontera sur de México, a tal grado de difundir en redes sociales que ya tiene en la mira a varios agentes que cobran a los migrantes y que no se reportan, entre ellos Fara Gertrudis, Raúl Aranda, Roberto del Pino Ruiz alias el Güero, Sinhue Salgado y Rosa Isela Antón Talarico de Huixtla, “estos son varios agentes en activos que ya se tienen en la lista que no se reportan”, expresa el video y advierte “que se atengan a las tableadas, ya nos conocen como accionamos”.

Esta evolución no es automática, el gobierno es parte importante de este crecimiento y desarrollo del crimen organizado, la clase política que ocupa las diferentes formas de estructuras gubernamentales tiene diferentes implicaciones el permitir el surgimiento y la evolución de las prácticas y actividades ilegales.