Con el objetivo de consolidar la colaboración institucional, fortalecer la confianza ciudadana y brindar certeza jurídica, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, y la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marina Martha López Santiago, encabezaron la firma del Convenio General de Colaboración, Coordinación y Apoyo Institucional para garantizar el cumplimiento del mecanismo 8 de 8 contra la violencia. El acuerdo establece las bases de coordinación para verificar de manera oportuna el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad contemplados en la Constitución y demás disposiciones legales aplicables, con miras al proceso electoral local ordinario de 2027 y, en su caso, a los procesos extraordinarios que pudieran derivarse. Durante el acto, realizado en la Sala de Sesiones “Manuel Ovilla Mandujano” del IEPC, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén subrayó la responsabilidad ética de garantizar que quienes accedan a cargos de elección popular cuenten con una trayectoria íntegra, sin antecedentes de violencia ni adeudos alimentarios, y actúen en congruencia con los principios democráticos. Asimismo, recordó que el Poder Judicial impulsó la creación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas y refrendó su compromiso de colaborar en los procedimientos de verificación para contribuir a que Chiapas cuente con representantes que respondan a los principios de legalidad y responsabilidad pública. Por su parte, la consejera presidenta del IEPC, Marina Martha López Santiago, reconoció la voluntad de ambas instituciones para concretar este convenio, al considerar que representa un avance en la construcción de condiciones que permitan a las mujeres ejercer sus derechos político-electorales y participar en la vida pública libres de violencia. En su intervención, la consejera electoral Gloria Esther Mendoza Ledesma señaló que esta es la tercera ocasión en que el Poder Judicial y el IEPC unen esfuerzos mediante acuerdos de colaboración, lo que refleja el fortalecimiento del trabajo conjunto y la determinación de mantener una lucha permanente contra la violencia. Destacó que la coordinación entre instituciones contribuye a consolidar la democracia y a generar espacios más seguros, justos e incluyentes para todas las personas.
