Desde la máxima tribuna del país, el diputado federal Amadeo Espinosa Ramos, en representación de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, fijó una postura contundente a favor del dictamen que busca reformar los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política, bajo la premisa de que “el gobierno debe servir al pueblo y no servirse de él”, el legislador enfatizó que estas modificaciones son un paso decisivo para materializar la visión de Estado de la Cuarta Transformación, elevando la austeridad republicana a un principio ético irrenunciable en el ejercicio del poder público.
La propuesta legislativa pone especial énfasis en el control de las remuneraciones dentro de la burocracia electoral, el legislador detalló que la adición al artículo 134 constitucional garantiza que ningún consejero o magistrado electoral, ya sea del INE o de tribunales locales, reciba un sueldo superior al límite establecido para el Presidente de la República, con esto, se busca desmantelar el “entramado de privilegios” que durante décadas permitió salarios millonarios y prestaciones discrecionales, liberando recursos que ahora deberán destinarse a infraestructura y programas sociales.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la reestructuración de los ayuntamientos para combatir la ineficiencia y el gasto excesivo, Espinosa Ramos denunció la disparidad actual en el número de regidurías, citando ejemplos extremos donde el reparto de cuotas partidistas ha inflado los cabildos, al establecer un límite máximo de 15 regidurías y una sindicatura por municipio, se pretende profesionalizar la administración local y reducir drásticamente el gasto corriente, asegurando que los ahorros generados permanezcan en la hacienda pública municipal para beneficio directo de la ciudadanía.
En el ámbito estatal, la reforma proyecta un impacto financiero de gran escala al proponer que el presupuesto de los congresos locales no exceda el 0.70% del presupuesto total de cada estado, según los datos presentados por el diputado, esta medida generaría un ahorro estimado de casi 3,900 millones de pesos en 15 entidades, logrando que el costo promedio por diputado local baje de 20.8 a 15 millones de pesos anuales, asimismo, se contempla una reducción progresiva del 15% en el presupuesto del Senado de la República para el ejercicio fiscal 2026, consolidando una política de racionalidad presupuestaria en todos los niveles.
Finalmente, el diputado chiapaneco Amadeo Espinosa Ramos destacó que esta reforma no solo es financiera, sino también social, al integrar los principios de igualdad sustantiva y paridad de género como ejes estructurales del sistema democrático, al cierre de su intervención, hizo un llamado a la unidad nacional, reafirmando el compromiso del Partido del Trabajo con un Estado responsable y transparente, “No estamos ante ajustes menores; estamos decidiendo entre un estado de privilegios o un estado orientado al bienestar”, concluyó antes de ceder la palabra en una sesión que marca un hito en la vida política del México contemporáneo.
